Desde los comienzos de la Historia Contemporánea de España, con la consolidación de la España liberal, se abrieron conflictos como el clerical/anticlerical y la cuestión de la tierra, que recorrieron todo el largo siglo XIX y buena parte del siglo XX hasta el triunfo de la contrarrevolución en la guerra civil de 1936-1939 y la implantación de la dictadura de Franco. Fue, precisamente, durante la dictadura franquista cuando esos conflictos seculares que habían sido líneas de fractura fundamentales de la historia contemporánea española vieron su fin. Mientras que el clericalismo y su otra cara el anticlericalismo fue superado, tras una tentativa de "recatolización" de la sociedad española durante el primer franquismo, debido a la secularización acaecida desde los años sesenta, la "cuestión agraria", es decir, las diversas tentativas de reforma social que contrarrestaran el balance de las desamortizaciones y las luchas del mundo campesino, fue superada por las políticas de la contrarreforma agraria franquista y la transformación de la sociedad española, reiniciada durante los años cincuenta, con el descenso de la población activa agraria y el crecimiento de las ciudades. En efecto, desde comienzos de la década de los cincuenta y con anterioridad al Plan de Estabilización y Liberalización económica de 1959, se produjo un descenso de los activos agrarios y un crecimiento de la población que vivía en núcleos urbanos de más de diez mil habitantes. Una vez que desaparecieron los controles políticos que intentaban contrarrestar la emigración desde el campo a la ciudad, y desde ésta al extranjero, bien al continente americano durante los años cincuenta o bien, con posterioridad, a Europa, el abandono del campo fue incontenible. Durante los cincuenta se disparó el descenso del número de jornaleros que, enseguida, se generalizaría al mundo de los agricultores, de los pequeños y medianos propietarios de la mitad septentrional de España. Además del atractivo que la naciente sociedad de consumo tenía para la población rural, de la que se beneficiaba sobre todo las ciudades, otros factores coadyuvantes de éste movimiento migratorio tuvieron que ver con el marco político de la dictadura franquista. En primer lugar, como es bien conocido, la contrarrevolución franquista se basó en la destrucción de todo el tejido asociativo y cooperativo legado por la movilización campesina y la politización del mundo rural durante los años de la segunda república. La ilegalización del sindicalismo campesino republicano y la represión de sus dirigentes fue una realidad desde los comienzos de la guerra civil en los territorios que fueron controlando los sublevados. A menudo, además, las tropas franquistas y las milicias falangistas practicaron una política de terror indiscriminado entre los medios campesinos republicanos que desbordaba mera represión política. En esta línea, el ensayo de Julio Prada ilustra, desde el marco geográfico de la provincia de Orense, tanto la movilización campesina durante la etapa del Frente Popular en 1936 que, gracias a las afiliaciones colectivas, permitió un rapidísimo crecimiento del número de teóricos miembros del PCE a través de la Federación Provincial de Campesinos, como la naturaleza de la represión franquista durante los primeros momentos de la guerra civil. Prada examina el carácter selectivo de la represión dirigida contra los dirigentes del sindicalismo campesino, proponiendo la tesis de la existencia de una represión de estatus más que de clase, es decir, dirigida contra los líderes que tuvieran poder y prestigio en la sociedad republicana. Las diversas caras de la represión crearon un ambiente de miedo, desconfianza y desmovilización que se prolongaría en el medio rural durante toda la dictadura franquista. La destrucción del tejido asociativo y el control social ejercido por los representantes locales de las burocracias del franquismo, denominadas gráficamente por Ramón García Piñeiro "Boina, Bonete y Tricornio", nos conducen al proceso de acomodo y supervivencia a la dictadura, que ha examinado Conxita Mir, de la población española en los medios rurales. García Piñeiro se detiene en la significación del control político otorgado al falangismo de Estado, que "remendó las redes del viejo clientelismo rural" y fue utilizado como fuerza de choque en las tareas represivas. Además examina la realidad de las instituciones encargadas del nuevo orden agrario del franquismo como las Hermandades de Labradores, el Sindicato de Ganadería, La Cámara Sindical Agraria y las Uniones de Cooperativas. La conversión de buena parte de los ganaderos y de los trabajadores mixtos en proveedores de la industria lechera, como había ocurrido durante la etapa republicana en Cantabria, provocó el surgimiento de una conflictividad agraria en Asturias desde el comienzo de los años cincuenta. La desmovilización social que pretendía la dictadura franquista se encomendó no sólo a los burócratas del Movimiento sino a la Guardia Civil, apoyada por el Ejército en algunos momentos, y a los párrocos. Que la represión, el control y la desmovilización social constituían la verdadera naturaleza de la contrarrevolución franquista lo demuestra la debilidad de las instituciones del nuevo orden agrario de la dictadura. Como analiza el doctorando Carlos Criado, las Hermandades de Labradores y Ganaderos, a pesar del teórico encuadramiento obligatorio de la totalidad de los productores, fuesen propietarios o campesinos sin tierra, no consiguieron absorber a las cooperativas ni pasar de ser una entidad paraestatal, viendo como era demorada la constitución de un órgano directivo central hasta los años sesenta. En 1947, la fusión de las Cámaras Agrarias y de las Hermandades provinciales en el seno de las Cámaras Oficiales Sindicales Agrarias limitaron aún más las posibilidades de un "proyecto falangista autónomo de sindicalismo agrario". Sobre la realidad de la implantación del sindicalismo vertical en el mundo rural, como representación de los intereses del pequeño campesinado, reflexiona del mismo modo Emilio Majuelo. La pretensión totalitaria del proyecto sindical falangista de encuadrar a todas las entidades asociativas afectas, incluidas las procedentes del catolicismo social, se mostró inviable. Los sindicatos agrarios católicos manifestaron una notable capacidad de resistencia a las aspiraciones unificadoras del falangismo de Estado sobre todo tras la aprobación de la ley de Cooperativas de 1942 que transformaba a la Confederación Nacional Católico Agraria en la Unión Nacional de Cooperativas del Campo. Las Uniones Territoriales de Cooperativas (UTECO) lograron preservar un notable grado de autonomía frente a las Hermandades de Labradores de FET hasta, al menos, el final de los años cincuenta. Los sindicatos agrarios católicos, sobre todo en las provincias de mayor presencia del carlismo y/o tradición católico social, no sólo demoraron a lo largo de los años cuarenta la efectiva constitución de las Uniones sino que se resistieron a que los nuevos asociados, incorporados ya en la era de las UTECO, tuvieran representación efectiva en las asambleas y órganos rectores de éste cooperativismo empresarial de origen católico. Como concluye Emilio Majuelo, esta tensión entre Hermandades de FET y las Cooperativas católicas resulta una excelente evidencia "de la imposibilidad de implantar un aparato totalitario de partido sobre la sociedad ni tan siquiera en los primeros momentos del régimen franquista". La naturaleza contrarrevolucionaria del primer franquismo se impuso a la tentativa de fascistización de los primeros años cuarenta. La política agraria del franquismo cuenta con excelentes estudios entre los que cabe destacar la obra de Carlos Barciela. Buena parte de los estudiosos se han detenido en el análisis de la política de colonización y la política triguera. La primera, desarrollada desde el Instituto Nacional de Colonización, afectó únicamente a un 2% de la población activa rural (cerca de 60.000 colonos) adquiriendo medio millón de hectáreas. La colonización, con largos antecedentes en la historia española, fue un complemento de la política hidráulica y formó parte de un programa de reforma técnica agraria (junto a la concentración parcelaria o la extensión agraria) que pretendía un incremento de la productividad. Sin embargo, como señala Cristóbal Gómez Benito, el auge de la colonización y de la política de riegos durante los años cincuenta fue "disfuncional", es decir, llegó demasiado tarde pues coincidió con la crisis de la agricultura tradicional y el éxodo rural, beneficiando sobre todo a los grandes propietarios. Los magros resultados de la colonización llegaban después del estancamiento o incluso retroceso productivo provocado los desastres de la guerra civil pero también por la represión y el intervencionismo estatal (el control de precios) del sistema autárquico del primer franquismo, por lo que no pudo frenar el éxodo rural. El mantenimiento de la agricultura tradicional, así como el incremento de la producción olivarera crecientemente mecanizada, trajo consigo la expulsión masiva de población jornalera y campesina desde los años cuarenta en Andalucía oriental. Esta "hemorragia demográfica", en términos de Francisco Cobo y Teresa Ortega, dejó un saldo migratorio negativo de 200.000 habitantes en Andalucía durante los años cuarenta, 580.000 en la década de los cincuenta, y 840.000 durante los sesenta. De la totalidad de los emigrantes andaluces entre el final de la guerra civil y el tardofranquismo una cuarta parte provenía de las tierras jiennenses. En definitiva, la contrarrevolución franquista puso en marcha instrumentos como la represión, el control social desmovilizador y el intervencionismo autárquico del mercado productivo que, junto al éxodo rural (provocado en gran medida por esas políticas de la dictadura a pesar de los iniciales frenos de la retórica agrarista), pusieron fin a la "cuestión agraria" que había recorrido la historia contemporánea española desde la implantación del orden liberal moderado.